Pelayo Busto: “Gallardón está arrojando las condiciones del desmantelamiento de la justicia como sector público”

La Plataforma de Profesionales de Derecho del Nalón mostró su oposición a las medidas que se han presentado desde Justicia. La subida de tasas judiciales y la variación de contenidos en los Juzgados de Paz han sembrado la alerta.

Dicen, los que entienden, que la justicia sólo es justicia cuando cualquier hombre se puede enfrentar a otro legalmente. Dicen, también, que la justicia es ciega, y por ello en lugares como Dublín es representada en bronce dando la espalda hacia al pueblo y señalando el poder. Pero la justicia, abandonando la abstración del término, tiene cara, nombre y apellidos. Está integrada por personas y éstas, como viene siendo habitual en estos tiempos, se oponen a cambios que obstaculizan la llegada de los ciudadanos a la administración judicial.

La Plataforma de Profesionales de Derecho del Nalón mostró su oposición a las medidas que se han presentado desde el Ministerio de Justicia regido por Alberto Ruiz Gallardón. El caso más grave que desde la plataforma han expuesto es el traslado de los juzgados existentes en la comarca del Nalón que serán derivados al Caudal. Pero existen otros términos, como la subida de tasas judiciales o la variación de contenidos en los Juzgados de Paz, que han sembrado la alerta.

Pelayo Busto, portavoz de la Plataforma de Profesionales del Nalón señaló que “desde el principio vimos este asunto como un conflicto de clase y en este sentido entendemos que es un recorte más, de nuevo, por la base. Además entendemos que esta reforma no afecta a la clase más pudiente y viene a impedir el acceso a la justicia de la clase obrera”. En este sentido, apuntó “entendemos que esta anti-reforma es una agresión más del gobierno central a los ciudadanos”.

Juzgados de Paz

La Plataforma de Profesionales del Derecho del Nalón señaló que en la actividad de los Juzgados de Paz “se intuye que podría haber una desvinculación de diferentes actividades, como por ejemplo pueda ser el dar una fé de vida, que serían transferidas al Registro de la Propiedad Civil”. Esto, aseguran, “es lo que desprende tras haber leído detenidamente el informe de la reforma judicial que Gallardón ha puesto sobre la mesa”. En este sentido, y teniendo en cuenta la reforma desde la plataforma aseguran que “los Juzgados de Paz de Caso y Sobrescobio se verán afectados”.

Por su parte Juan José Azcano, representante del sector de justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias señaló que “este cambio en las competencias que actualmente tienen los juzgados de Paz hará que para asuntos tan cotidianos como pedir una fe de vida se tenga que acudir al Registro de la Propiedad, con el correspondiente pago que implicará adquirir este documento”.

Juzgados de Laviana y Langreo

Los juzgados de Laviana y Langreo atienden en la actualidad un volumen aproximado de 78.000 personas que pasarían a tener que depender de los juzgados ubicados en el valle del Caudal. Esta medida, de reducción de recursos que impone el gobierno, está siendo fuertemente cuestionada. De hecho, y con el objetivo de evitar la desaparición de los juzgados en Laviana y Langreo se está llevando a cabo una recogida de firmas que serán presentadas ante la autoridad competente. Así Busto señaló que “78.000 justiciables es un número muy importante que requiere de servicios judiciales adecuados y cercanos. No es factible tampoco que los juzgados del Caudal, con un gran volumen de trabajo, pasen a estar ubicados en el Nalón”. Por su parte Juan José Azcano, responsable del sector de justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias aseguró que “la justicia debe estar cercana a la ciudadanía y no debe haber obstáculos ni físicos, como es el caso del desplazamiento; ni económicos, con tasas judiciales”.

Además ambos coincidieron en señalar que tal medida afectará también a puestos de trabajo en el concejo, tanto directos como indirectos. En este sentido también se promulgó el Secretario General de Comisiones Obreras en el Nalón, José Manuel Zapico que afirmó que “con esta medida de traslado de los juzgados ubicados en el Nalón se verán afectados puestos directos dentro de la propia administración de justicia como indirectos, los vinculados al comercio y a la hostelería”. Entre los directos, los que afectan a funcionarios y médicos forenses que ejercen su actividad en la administración de justicia, Zapico señaló que “son 67 empleos los que peligran, ya que no sabemos en que términos se hará el desplazamiento a los juzgados del Caudal ni se respetarán todos los puestos de trabajo que hay actualmente”

Ley de tasas

La polémica ley de tasas tampoco ha dejado indiferente a los profesionales del derecho y por este motivo, junto con la recogida de firmas que se están llevando a cabo para que no se supriman los Juzgados de Langreo y Laviana, se está realizando paralelamente otra recogida de firmas en contra de la ley de tasas que ha impuesto el gobierno central. El próximo 19 de enero habrá una manifestación a nivel estatal en Madrid donde se hará entrega de las firmas recogidas y donde los ciudadanos podrán mostrarse en contra de las mismas. La ley de tasas, que en la actualidad ya ha comenzado a funcionar, incrementa el gasto que todo ciudadano tiene que hacer a la hora de acudir a los servicios jurídicos. Por el momento los impresos para pagar las tasas no se encuentran en las dependencias judiciales, “sólo hay la opción de descargalo por internet” tal y como han señalado desde CC OO del Nalón. “Además” aseguran “este parece ser el único método por el que podrán hacerse con los impresos lo que supone una traba u obstáculo más a la hora de acceder a la justicia puesto que muchas personas no disponen de internet en sus domicilios y luego están las personas mayores que, evidentemente, en su mayoría no han convivido con estas nuevas tecnologías”.

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