Prejubilados: claves de una nueva poda

Una imagen de la protesta por los recortes en las prejubilaciones de Hunosa. Imagen de Luisma Murias

Protesta por los recortes en las prejubilaciones de Hunosa. Imagen de Luisma Murias

El último capítulo de la lucha de los prejubilados de Hunosa contra el recorte de sus sueldos ha acabado sin sorpresa. El acto de conciliación celebrado esta mañana en el SASEC (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos) acabó sin acuerdo. Los sindicatos llevarán ahora el conflicto al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

¿A quién afecta el recorte?

A unos 8.000 prejubilados de Hunosa. La mitad se encuentra bajo las condiciones del Plan del Carbón 1998-2005, gestionado por Vida Caixa. La otra mitad depende del Plan del Carbón 2006-2012. En este caso de la prejubilación se encarga la administración pública, sin intermediarios.

¿Cómo se cobraban hasta ahora las prejubilaciones?

Cada beneficiario tenía asignado un salario fijo que llega por diferentes vías. Durante los primeros dos años se paga con el paro del trabajador, más un complemento para llegar a la cantidad total. Una vez agotado el paro y hasta que cumplan los 52 años, los mineros cobran el salario bien íntegramente de Hunosa (plan 2006-2012) o bien del fondo de pensiones (plan 1998-2005). A partir de los 52 años, el prejubilado comienza a percibir el subsidio familiar de 426 euros, y la hullera pública o el fondo de pensiones completan el resto del sueldo.

El por qué de este recorte

La clave hay que buscarla en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. Su artículo 22.3 establece que “durante el ejercicio 2013, las Administraciones, entidades y sociedades (públicas) no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación”.

Como consecuencia de ello, la SEPI, accionista mayoritaria de Hunosa, solicita a la Abogacía del Estado un informe para saber si la medida sería aplicable a la empresa, dado que ésta aporta dinero a Vida Caixa, el fondo de pensiones que gestiona las prejubilaciones del Plan del Carbón 1998-2005. La Abogacía del Estado le da la razón, ya que considera que en el caso de Hunosa las prejubilaciones son jubilaciones anticipadas en fondos de pensiones.

Y no sólo eso: Hunosa tampoco está obligada a aplicar la subida del IPC a los salarios de los prejubilados, ni a compensar con fondos propios las variaciones en el IRPF, a pesar de que, según los acuerdos de las prejubilaciones, éste debe mantenerse estable aunque cambie la fiscalidad.

Por otra parte, el Gobierno del PP ha elevado de los 52 a los 55 años la edad para poder acceder al subsidio familiar, además de endurecer las condiciones para cobrarlo. De esta forma, los prejubilados que más dinero van a perder son los que estaban percibiendo este subsidio, aportado por Hunosa al fondo de pensiones del plan 1998-2005 y que ahora ha dejado de pagar. Esto afectaría también a los prejubilados que vayan solicitándolo más allá de 2013.

Con estas medidas y, dependiendo de cada caso, los mineros perderán entre 50 y 600 euros al mes.

¿Cómo afectan las medidas a los distintos tipos de prejubilados?

Una imagen de la protesta por los recortes en las prejubilaciones de Hunosa. Imagen de Luisma Murias

Una imagen de la protesta por los recortes en las prejubilaciones de Hunosa. Imagen de Luisma Murias

1. Congelación salarial e incremento del IRPF. Todos los prejubilados, sin excepción, se ven afectados por una congelación salarial, al no aplicarse la subida del 2,9 % del IPC del año 2012. Y también todos sufrirán el incremento del gravamen del IRPF.

2. Subsidio familiar. La situación es aún más complicada para aquellos que hayan cumplido 52 años o estén a punto de solicitar el subsidio. Estos perderán entre 400 y 600 euros de su salario.

¿Qué dicen los sindicatos?

Los sindicatos entienden que el informe de la Abogacía del Estado hace una interpretación errónea del artículo 22.3 de la Ley de Presupuestos de 2013. Fabián Álvarez, responsable de prejubilados de la Federación de Industria de CC.OO., insiste en que se trata de “una situación de despido colectivo de trabajadores en los que se pacta unas cantidades durante el tiempo que vayan a tardar en llegar a la edad de jubilación y que no tiene nada que ver con una jubilación anticipada o con un fondo de pensiones”.

Maximino García, ‘Mino’, exsecretario general de la Federación de Industria de CC.OO., actual miembro de IU y firmante en su día de los acuerdos, asegura que “el Gobierno intenta buscar una salida jurídica, un Real Decreto en el cual el propio Gobierno se impide a sí mismo hacer aportaciones a planes de pensiones, pero una vez más se está equivocando, porque no estamos hablando de un plan de pensiones”.

‘Mino’ afirma que “lo que están haciendo es una medida para ganar tiempo desde el punto de vista de sanear la economía de este país a costa de un colectivo. El PP quiere tener un país a su medida. Primero atacó la educación y la sanidad, después a todos los trabajadores a través de la reforma laboral y ahora a un colectivo que en principio no había tocado”.

Lo más grave, a su juicio, “es romper el acuerdo suscrito, con lo que está planeando el Gobierno no existe ninguna garantía de acuerdo en este país. Gobierna en exclusiva a lo que marcan los mercados y de espaldas a las necesidades del pueblo”.

‘Mino’ advierte además que este recorte “puede llevar a muchas familias a una situación totalmente injusta”, ya que, “cuando firmas para trece años una garantía vitalicia de renta, cada uno planifica su vida, y en este momento nos podemos encontrar con salarios entre 1.500 y 2.000 euros que pueden estar afectados en una media de 500 euros”. Y lanza un mensaje al Gobierno: “que no se asusten de lo que les pueda ocurrir. Lo están buscando y van a sentir el aliento de la gente, porque la gente cuando tenga necesidades no va a guardar las formas”.

Una imagen de la protesta por los recortes en las prejubilaciones de Hunosa. Imagen de Luisma Murias

Protesta por los recortes en las prejubilaciones de Hunosa. Imagen de Luisma Murias

El futuro inmediato

El pasado viernes se debatió en la Junta General del Principado una proposición no de ley en apoyo de los mineros prejubilados que fue apoyada por todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo a pesar de que, según los sindicatos, el grupo parlamentario les había comprometido su apoyo en una reunión anterior. Fabián Álvarez, de CC.OO, dice al respecto que “curiosamente, tanto la dirección de la empresa como el Partido Popular nos dicen que están de acuerdo con nosotros en las reivindicaciones pero luego, en la práctica, a la hora de trasladar las votaciones, hacen todo lo contrario”. Esa misma mañana del viernes miles de afectados caminaron bajo el granizo desde las oficinas de la hullera hasta la Junta General en protesta por el recorte de sus salarios.

La siguiente cita tuvo lugar esta misma mañana. El acto de conciliación en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) terminó de la forma esperada: sin salida negociada a la demanda presentada contra Hunosa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Vida Caixa. Unos 2.000 afectados recorrieron a pie la distancia entre las oficinas de la empresa hasta la sede del SASEC, en la calle Asturias, para esperar el resultado de la reunión, que se prolongó durante una hora. Tras conocer el resultado se vivieron momentos de crispación y los directivos de la SEPI tuvieron que abandonar la sede del SASEC escoltados por la policía y entre los abucheos de los prejubilados.

Ante el fracaso de la conciliación, los sindicatos recurrirán ahora a la vía judicial sin abandonar las movilizaciones. “Necesitamos la unidad de los prejubilados y de la gente en activo y estar en la calle”, afirma ‘Mino’. Las centrales han anunciado nuevas manifestaciones, la siguiente tendrá lugar en Mieres la próxima semana.

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