Doble o nada

Ángel González, en un momento del Debate sobre el Estado de la Región. Imagen de Pablo Gómez

Ángel González, en un momento del Debate sobre el Estado de la Región. Imagen de Pablo Gómez

Según el artículo 404 del Código Penal, hablamos de prevaricación administrativa cuando se aplica:

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

Este delito, cuya pena es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años, es el que pesa sobre Ángel González, que será juzgado a causa de su gestión a la hora de tramitar la compra de una serie de monolitos en conmemoración por las víctimas de la Guerra Civil, cuando González era viceconsejero de Bienestar en 2010. Al parecer, la compra de los citados monolitos se gestionó como un contrato de suministros, cuando debería haberse utilizado el cauce de un procedimiento negociado.

Tanto Izquierda Unida como el propio González niegan que estemos ante un caso de corrupción. El argumentario dispara, sin embargo, desde la cadera, ya que el citado delito podría haber tenido lugar si necesidad de que el acusado obtuviera un claro beneficio económico del mismo. Lo que condenará o absolverá a González será la presencia o ausencia de esa “resolución arbitraria en un asunto administrativo” a sabiendas de su injusticia. La cosa empeora cuando averiguamos que, de los 76 monolitos contratados, no han sido colocados más de 40.

Que este asunto vaya a ser dirimido a través del procedimiento abreviado no deja de ser una ventaja. Al tener tan cerca la verdad judicial, es sin duda temerario adelantar el resultado. Pero no es descabellado deducir que tanto Izquierda Xunida como su portavoz parlamentario se la juegan a doble o nada. Al no haber consecuencias políticas durante la imputación y tampoco tras el anuncio de la apertura de juicio, los destinos de formación y diputado quedan ligados.

Desde el estallido de la crisis y el progresivo hundimiento de la política española en el marasmo de la corrupción, no puede decirse que a Izquierda Unida le haya ido demasiado mal. Así lo demuestran los resultados obtenidos en las Elecciones Generales y también en las Autonómicas, aunque finalmente los militantes decidieron que la formación no debía formar coalición con el Gobierno de Javier Fernández. Como partido que jamás ha regido el destino de la nación desde la llegada de la democracia, la coalición se ha permitido mayor dureza contra los abusos de cargo.

Por ello, un veredicto favorable podría suponer un impulso, tanto a nivel regional como nacional. Pero si, por el contrario, la presunción de inocencia torna en evidencia de culpabilidad, supondría un duro golpe para la formación asturiana.

En un país donde lo único que se exige a sus gobernantes es que efectúen tal gobierno acorde con las leyes, la tolerancia ante quienes no respeten las mismas ha de ser cero. Si, además, la formación política que da cobijo a tal gobernante le apoya hasta sus últimas consecuencias, el ciudadano podría pensar que esta no es sino una más de las viejas y anquilosadas estructuras que han oxidado nuestra democracia. Todo depende, ahora, de la justicia.

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