RTPA: querella criminal contra dos directivos por supuesta contratación irregular

Sede de RTPA, Gijón. Octubre de 2008. El entonces director de antena y contenidos se reúne en su despacho con tres trabajadoras que acaban de finalizar sus prácticas en la televisión autonómica. Les ofrece seguir trabajando para TPA a través de una productora, aunque con unas condiciones muy distintas de las que se les ofreció en un primer momento. Y exige una respuesta: “o lo cogéis o a la puta calle”. Aceptan el contrato. De inmediato, el director de antena y contenidos levanta el auricular del teléfono y marca un número. A los cinco minutos se presenta en su despacho el director de la productora Teletemas (perteneciente al Grupo Bittia). Ni siquiera entra en la estancia. Desde la puerta le pregunta al director de antena qué es lo que quiere. Y éste responde: “contrátame a estas tres, ya te explico luego para qué”.

La querella

Fotografía de Pablo Lorenzana.

No sale en los periódicos, pero el periplo judicial de RTPA continúa. Después de que los juzgados hayan ratificado durante el último año unas cincuenta sentencias de cesión ilegal de trabajadores, se abre ahora un nuevo capítulo. Hace unas semanas, la jueza Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón y primera instructora del caso Marea, admitió a trámite una querella criminal contra dos directivos de la RTPA por supuestas contrataciones ilegales. La querella fue presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que ostenta la presidencia del comité de empresa de la radiotelevisión autonómica. El director en funciones de RTPA, Antonio Virgili, negaba ayer, en declaraciones a PERIODISMO ASTURIANO, la existencia de esta supuesta contratación ilegal. Sin embargo, el presidente del comité de empresa, Óscar Vega, afirma que “el tema del fraude laboral es una cuestión generalizada” y recuerda que llevan mucho tiempo “denunciándolo en todos los ámbitos, en todas las reuniones con la dirección y con los consejos de administración sin que nadie haya puesto remedio a esta situación”. Las consecuencias, resume, “son despidos, cesiones ilegales, precariedad y una televisión sin proyecto”. A pesar de que el supuesto fraude laboral “se comete de forma generalizada”, Vega explica que han tenido que buscar un ejemplo concreto, ya que “no se puede meter en una sola querella a todas las empresas; hay que basarse en un caso concreto, en unos hechos”.

Por eso decidieron centrarse en un contrato suscrito con la productora Teletemas, vinculada al Grupo Bittia, y en dos directivos de RTPA: Ana Lada, la secretaria general, que es la responsable de las licitaciones, y Manuel Castrillo, director de Recursos Humanos. “Son las dos cuestiones que están vinculadas”, argumenta Vega. “Por un lado, el desvío de dinero público a las contratas, a las que yo quiero”; por otro lado, “la licitación, aunque sea pública, está amañada y la consecuencia son las cesiones ilegales; por eso entra también Recursos Humanos. Es decir, para poder hacer un desvío de dinero público yo tengo que subcontratar; y lo tengo que hacer en fraude, lo sé y lo hago”.

Han preferido no implicar a los directivos que ya no se encuentran en RTPA porque su objetivo, explica Vega, “no es sólo que haya unas responsabilidades públicas y penales, si las hay, de los que cometen el delito, sino que sirva como instrumento de presión en defensa de la radiotelevisión pública y de los puestos de trabajo”. Por esa razón han preferido centrarse en los que siguen hoy en día y que en 2008 tuvieron relación con el contrato con Teletemas.

Teletemas

Teletemas es una de las productoras con las que ha trabajado RTPA desde su nacimiento, ya que la mayor parte de sus emisiones están externalizadas.

Fuentes de la CSI prefieren no dar muchos detalles sobre la querella, pero una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, a la que ha tenido acceso PERIODISMO ASTURIANO, recoge como hecho probado que “en octubre de 2008 se celebró una reunión con responsables de TPA y un representante de Teletemas S.L., al que le encomendaron que contratara a tres personas, ‘y ya luego les dirían cómo y para qué”. Dicha sentencia reconoce que siete exempleados de Teletemas fueron cedidos ilegalmente a RTPA.

Extracto de la sentencia.

Una de las trabajadoras presentes en esa reunión asegura que “nos obligó (el entonces director de antena y contenidos) a tomar una decisión en ese mismo momento y con muy malas formas. No sabíamos apenas las condiciones ni la empresa a la que íbamos. Cuando aceptamos, llamó al director de Teletemas para que viniera y le dijo ‘contrátame a estas, ya te explicaré”.

Una de las labores que se les encomendó a estas trabajadoras fue la realización del programa ‘Amanecer’. Consistía en emitir imágenes en directo de Oviedo y Gijón a través de tres webcams junto a la información meteorológica, todo ello con el sonido directo de RPA. El programa se emitía todos los días del año y tenía una duración de entre 45 minutos y dos horas.

El precio de ‘Amanecer’

‘Amanecer’ comenzó a emitirse a finales de octubre de 2008. Ese año le costó a RTPA 17.140 euros (sin IVA). En 2009 el coste fue de 85.700 euros (sin IVA).

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Los equipos y las instalaciones eran propiedad de RTPA. Teletemas sólo aportaba el personal: tres periodistas que ‘rellenaban’ la jornada en la redacción de informativos. Cada una cobraba poco más de mil euros brutos.

Un hilo del que tirar

El hecho de que la querella apunte exclusivamente a dos directivos de RTPA, “no quiere decir que no haya más culpables”, explica el presidente del comité de empresa. “Que la denuncia vaya contra ellos no quita responsabilidades a Teletemas, puede haber otros responsables a los que también se les llame a declarar o se les impute. Nosotros ponemos un hilo del que tirar, unos indicios que pedimos que se investiguen”.

Vega considera que “las empresas privadas también tienen la responsabilidad de colaborar y de ser las beneficiarias. Lo que denunciamos es que se escogió a Teletemas porque era Teletemas y queriendo que fuera Teletemas”.

Fotografía de Pablo Lorenzana.

A finales de 2011 y después de que el gobierno de Cascos recortara las partidas destinadas a RTPA, Teletemas entra en concurso voluntario de acreedores. Según otra fuente de la sección sindical de la CSI, “entró en concurso voluntario de acreedores diciendo que sin los contratos con TPA la empresa ya no tenía sentido, que no tenía actividad y que no era viable. Entonces, lo que están diciendo es que esa empresa no es una empresa, porque el trabajo que hacía era para TPA y los empleados trabajaban para TPA”. Una prueba más que demuestra, dicen desde CSI, que “TPA decidía qué trabajadores se contrataban y cuáles no”.

“Si denuncias, no trabajas”

La misma fuente afirma que “la norma es que los que denunciaron cesión ilegal no trabajan”. “Es llamativo el caso del departamento de producción de informativos, en el que había ocho trabajadores (contratados por Teletemas). Cinco denunciaron y tres no. Los cinco que denunciaron no volvieron a trabajar en TPA y los tres que no lo hicieron volvieron a los dos días. ¿Puede ser casualidad?”

“Hay muchas víctimas de cesión ilegal que están sufriendo el no trabajar más en Asturias”, asegura, “son las represalias por haber reclamado una situación irregular”. Es más, esta fuente de la CSI denuncia que se sigue contratando a través de otras empresas, a su juicio en idéntica situación de cesión ilegal, pero siempre a trabajadores que no hayan denunciado: “esos son marginados, a esos no se les contrata”.

Represalias para la plantilla: la empresa abandona la negociación del convenio

El jueves 30 de mayo, en la última reunión convocada para negociar el convenio de los trabajadores de RTPA y tras conocer la existencia de la querella, la empresa se levantó de la mesa de negociación. Así lo explica el presidente del comité de empresa, Óscar Vega: “Castrillo (director de RR.HH.) pidió la palabra y dijo que consideraban la querella puesta por el sindicato CSI un acto de mala fe y de hostilidad y que se levantaban de la mesa de negociación. Y se levantaron y se fueron, no dijeron nada más”.

La situación es más grave si tenemos en cuenta la nueva reforma laboral. Si hasta ahora los convenios se prorrogaban indefinidamente hasta alcanzar un acuerdo, con la nueva ley los trabajadores se descuelgan del convenio si no hay acuerdo en un año. De esta forma, afirma Vega, “la empresa no perdería nada, al contrario, porque pasarías a un convenio peor que el que tienes”.

Para Óscar Vega la actitud de la empresa “es una barbaridad”. Primero, “porque quien pone la querella es una parte del comité de empresa, no es la totalidad”. Segundo, “porque la querella no tiene ninguna relación con la negociación del convenio”. Y tercero, “porque quien va a investigar la querella es un juzgado que se supone que es independiente”.

Vega considera que “la mala fe la demuestran ellos” y que “tienen una actitud muy mala de colaboración con la Justicia cuando se supone que son inocentes y que no tienen nada que esconder. Es una especie de represalia”.

La última licitación, para una empresa en concurso de acreedores

El pasado mes de abril RTPA adjudicó a VAV Compañía de Producciones S. L. los contenidos locales de los informativos. VAV es una empresa madrileña que se encuentra en concurso de acreedores.

“Si esta empresa no tenía solvencia, ¿por qué se lo dieron a ella?”, se pregunta el presidente del comité de empresa. “La obsesión de ellos (directivos de RTPA) es que no haya cesiones ilegales para que no se pierdan más juicios en los tribunales. Pero es como si hubieran puesto a VAV de pantalla de todo el entramado de empresas que había, porque al fin y al cabo no cambió nada, es más, los que antes trabajaban para Margen, trabajan ahora para VAV, los de Enfoque también”. Vega añade además que “trabajan en la nave de Proima-Zebrastur, instalada en Olloniego y con equipos que no son suyos”.

Otra fuente de la CSI lamenta que “el dinero siga yendo a parar a manos de unos empresarios que no hacen el trabajo de un empresario sino que simplemente ponen trabajadores a disposición de TPA, trabajadores que TPA debería contratar directamente. Esto no cambia. No hay visos de que ni partidos políticos ni la dirección haga nada para que esto cambie, simplemente hacen pequeños cambios para ocultarlo a la justicia, a ver si cuela, pero seguimos con el mismo problema”.

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RTPA: lo que nadie cuenta (o no quiere contar)

¿Se darán cuenta los que nos ven? ¿Qué pensarán los que nos oyen? Estos interrogantes circulan desde hace algo más de un mes por los pasillos del convento de las Clarisas, sede de la radio televisión pública asturiana. ¿Son conscientes los telespectadores de TPA y los radioyentes de RPA de lo que está ocurriendo?

Es difícil saberlo, pero lo cierto es que el 31 de diciembre de 2012 marcó un antes y un después. No sólo terminó el año, también el contrato de unos cuarenta trabajadores que, subcontratados por distintas productoras, cubrían puestos estructurales, esenciales para el funcionamiento de los servicios informativos de RTPA. Algunos llevaban meses de incertidumbre, a la espera de saber si RTPA prorrogaba o no los contratos. Para otros fue una auténtica sorpresa.

Ellos no son los primeros despedidos. Miembros de la Plataforma de Afectados por Cesiones Ilegales (PAC), protestaban esa misma mañana frente a la sede de RTPA, ya que se había convocado una reunión extraordinaria del consejo de administración. ¿Qué pasó el 31 de diciembre en RTPA?

Miembros de la Plataforma de Afectados por Cesiones Ilegales (PAC) protestan frente a RTPA el pasado 31 de diciembre. Fotografía de PAC.

Primera decisión del consejo: despidos

El consejo de administración no cuenta con ningún representante de los trabajadores. Lo componen 6 consejeros del PSOE, 4 de Foro y 2 de IU. El PP no está, hace meses anunció el abandono de sus 3 puestos.

De puertas adentro, deliberaciones secretas. Así que poco se sabe de lo que ocurrió. Sin embargo, una de las decisiones allí tomadas sí está clara. Tras el consejo de administración, la noticia corre como la pólvora: los contratos con las productoras que ese día expiraban no serán renovados. Cuarenta trabajadores se quedan en la calle.

Según un miembro del comité de empresa, esos contratos no se renovaron por una imposibilidad legal. “Los contratos con estas empresas resultaban improrrogables. Su continuidad ponía a Antonio Virgili (director general del ente), en una situación jurídica muy complicada. Cabe recordar que Foro Asturias amenazó hace poco con llevar esta situación a los tribunales”, explica.

¿Quién tomó la decisión de no prorrogarlos? Según Juan Vega, uno de los representantes de Foro en el consejo de administración, “la decisión no la tomó el consejo”, apuntando al director general del ente, Antonio Virgili. Según Vega, “dejar expirar un contrato hasta el último día sólo puede tener una explicación: que alguien esté intentando hacer una adjudicación ilegal a dedo con el chantaje de que si no hacemos el contrato nos vamos a negro.”

Vega añade que “curiosamente, no sólo no nos fuimos a negro, sino que TPA sigue teniendo informativos sin aparentemente mayores problemas. Alguno tendrá, pero es evidente que, si te quedas de repente sin una plantilla de cuarenta personas y no tienes ningún problema, es que hay que coger a alguien y fusilarlo al amanecer.”

En la Junta

Trabajadores de RTPA y miembros de la PAC protestan en la Junta General del Principado durante la jornada de puertas abiertas el pasado mes de diciembre. Fotografía de la PAC.

La expiración de los contratos con las productoras (Enfoque Visual, Idola Media, Videoimagen, Ten con Ten) supone el cierre de la mayoría de las corresponsalías con las que contaba TPA Noticias. Por ello, en la tarde del 31, el director de informativos, Ignacio Menéndez del Campo, reúne a los periodistas de plantilla para informarles de la nueva situación. La reunión se prolonga durante dos horas, hay que reorganizar toda la redacción de informativos.

También expira el contrato con Sport and News, que se encargaba de la producción de informativos. Curiosamente, tres de los cuatro trabajadores afectados habían sido despedidos hacía exactamente un año antes de la productora Teletemas. Ellos fueron los únicos que en ese momento no denunciaron a RTPA y Teletemas por cesión ilegal de trabajadores y fueron también los únicos que volvieron a ser contratados.

Otra productora que no sigue es Media4, encargada de los informativos de la radio autonómica. La mayoría de los empleados de esta empresa habían interpuesto anteriormente demandas por cesión ilegal y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya había confirmado a dos trabajadores como plantilla de RPA. Salvo estos dos, el resto se quedó en el paro el 31 de diciembre, a la espera de que el TSJA confirme sus sentencias.

Esto ha supuesto una reducción drástica de los informativos radiofónicos, ya que desde el 1 de enero dependen de dos únicos trabajadores. Desaparece “Asturias Hoy primera edición” y la programación se reduce a varios boletines horarios y dos informativos más breves (“Asturias Hoy segunda edición”, de 14:30 a 15:00 horas y “Asturias Hoy tercera edición”, de 20:00 a 20:15 horas.)

Una de las trabajadoras que se ha quedado en la calle asegura que hasta el 31 de diciembre “en ningún momento se nos trasladó la posibilidad de que no renovásemos. Ese mismo día por la mañana los responsables de la radio me dijeron que seguíamos, aunque sí nos plantearon la posibilidad de un plan C que era que todos nos fuéramos a la calle, una opción que hasta ese día nunca se había contemplado.”

Como el día 1 de enero no tenía que trabajar, el 31 de diciembre esta redactora de RPA dejó cerrado todo el programa para el día 2: “dejé cerradas, por ejemplo, cinco entrevistas, con gente de Madrid y con gente de aquí, y luego tuve que cancelarlas.” Llegó a casa a las doce y media de la mañana sin noticia alguna sobre su futuro laboral. “Tenemos constancia de que todo se acabó a las cinco menos cuarto, cuando empieza a correr el rumor, no porque nos lo hayan dicho, sino porque un cargo intermedio de RPA llama a una compañera (confirmada por el TSJA como trabajadora de plantilla) para decirle que no coja las vacaciones que tenía previstas para esa semana, porque iba a estar sola. Entonces ella nos llamó y nos dijo ‘chicos, que pasa esto’. Hasta las siete de la tarde no nos llaman de nuestra empresa.”

Segunda decisión: nueva licitación para los informativos

Ese mismo día, y cuando la noticia aún no había llegado a todos los trabajadores afectados, se hace pública una nueva licitación: la del Servicio de suministro de contenidos municipales para la producción por Televisión del Principado de Asturias de los espacios informativos (Expte: 97/12 TPA).

La nueva licitación se presenta como un lote único e incluye la corresponsalía de Madrid. Se trata de un cambio de modelo en la externalización que deja la puerta abierta a las productoras más grandes. La licitación prevé además la subrogación de 32 trabajadores, parte de los ahora despedidos.

Según la Plataforma de Afectados por Cesiones Ilegales (PAC) “esta actuación evidencia el grado de improvisación con la que actúa la dirección y la inestabilidad en la que se encuentra la empresa”. Además, aseguran que “lejos de reconocer el fraude que ha supuesto la estructura laboral de RTPA, la dirección apuesta por un paquete único que le ayude a sortear el problema de las cesiones ilegales.”

Tercera decisión: contratar cámaras (por primera vez en 7 años)

El 31 de diciembre, tras el consejo de administración, Recursos Humanos prepara cinco contratos de interinidad para cinco cámaras. Todos ellos trabajan hasta ese día para la productora Enfoque Visual, una de las empresas que no renueva y que tiene casos de cesión ilegal en los tribunales.

Es importante subrayar que, desde su nacimiento en 2006, RTPA (y en particular, sus servicios informativos) nunca ha contratado a un solo operador de cámara. Todos han trabajado mediante subcontratas, hasta que, hace meses y sentencia judicial mediante, tres trabajadores tuvieron que ser integrados en plantilla.

El día 31 esos cinco operadores de cámara que trabajaban para Enfoque Visual pasan a formar parte de la plantilla de RTPA como interinos. Uno de esos trabajadores explica que “la tarde del 31 de diciembre me llamaron de Recursos Humanos de RTPA y me dijeron, ‘mira, tienes aquí un contrato para empezar mañana’. Al día siguiente estaba haciendo el mismo trabajo, pero contratado por TPA. Yo no sabía nada, me quedé en estado de shock.”

Según un miembro del comité de empresa, estos cinco contratos de interinidad “son fraudulentos y a dedo, es el criterio interno que utilizan. Necesitan cinco cámaras con experiencia y en vez de tirar de la bolsa de empleo o recurrir al INEM, cogen a cinco cámaras que estaban trabajando para Enfoque Visual y les hacen unos contratos nuevos. Hay una continuidad en la relación laboral, pasan de Enfoque con una cesión ilegal a TPA con interinidad. Se trata de resolver la coyuntura inmediata, porque al día siguiente no tenían gente para hacer los informativos.”

Semanas después, el día 25 de enero, RTPA saca una bolsa para técnicos de imagen, con una nueva categoría específica de operadores de cámara.

Tras la publicación de esta bolsa, la sección sindical de la Corriente Sindical de Izquierdas en RTPA presenta un escrito ante la dirección en el que insta a la empresa a anular la convocatoria y a utilizar la bolsa ya existente de técnicos de imagen. Según la CSI, esta convocatoria “es un nuevo ‘chanchullo’ que, ni repara los perjuicios causados a los trabajadores afectados, ni se ajusta a la legalidad.”

Cuarta decisión: despedir en lugar de incorporar a los trabajadores con sentencia firme de cesión ilegal

Hasta el momento RTPA ha perdido más de medio centenar de juicios y sus correspondientes recursos. Los juzgados de lo Social de Gijón y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias han reconocido unos cuarenta casos de cesión ilegal de trabajadores y más de una veintena de despidos en fraude de ley.

El TSJA ha confirmado todas las sentencias de cesión ilegal relacionadas con TPA y con RPA. Ahora bien, en lugar de obligar a la empresa a reincorporar a los trabajadores (despido nulo), lo que hace es darle dos opciones: reincorporar o indemnizar al trabajador (despido improcedente).

Ante esta situación, la dirección de RTPA insiste en seguir despidiendo e indemnizando a los trabajadores, en lugar de incorporarlos a su puesto de trabajo, gastando de esta forma más dinero público. Sólo en indemnizaciones, serían, según la PAC, unos 200.000 euros.

La nueva licitación costará 4,7 millones de euros. La CSI se pregunta “si esos 4,7 millones que pagará RTPA a una empresa externa para hacer el trabajo que muchos de estos trabajadores realizaban no darían para pagar directamente a los trabajadores y evitar los despidos.”

El consejo de administración del día 31 de diciembre también debatió este asunto. El coordinador general de IU Asturias, Manuel González Orviz, asegura que su postura quedó clara en la reunión: “con respecto a los trabajadores que fueron despedidos como consecuencia de cesión ilegal, planteamos que se cumpla la sentencia y que se incorporen a su puesto de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que tal y como está formado el consejo de administración, el voto de calidad del presidente decide todo.”

Miembros de la PAC explican el conflicto a Gaspar Llamazares. Fotografía de la PAC.

Juan Vega, representante de Foro en el consejo, se niega a utilizar la palabra readmisión. Él habla de “revocación de los acuerdos ilegales”. Asegura que los consejeros de Foro “no están de acuerdo ni con las cesiones ilegales ni con los despidos.”  Por eso, plantean “que se revoquen los actos ilegales que afectan a la plantilla” y entienden que “la entrada de los trabajadores a los servicios que estaban cubriendo sería revocar decisiones ilegales.” Además, discrepan “absolutamente” de la decisión de indemnizar a los trabajadores despedidos “como camino a elegir entre las opciones que dio la justicia” y se oponen al pago de esas indemnizaciones “porque se está utilizando de manera torcida, desviada e injustificable el dinero público.”

PSOE, PP y UPyD han denegado hacer declaraciones sobre los despidos en RTPA. Tampoco ha querido hablar con nosotros el director general del ente, Antonio Virgili.

Como apunte curioso, lo ocurrido ayer en el consistorio de Bimenes. El Ayuntamiento aprobó, por siete votos a favor y una abstención, una moción en la que se apoya a los trabajadores y se denuncia la gestión por la que fueron despedidos de RTPA.

¿Qué dijeron los informativos de TPA sobre los últimos despidos?

El día 31 TPA Noticias no se hizo eco de la reunión del consejo de administración y de las protestas de los miembros de la PAC. El día 2 de enero TPA Noticias emite la primera información sobre el cierre de corresponsalías (39’06”), en la que informa de que “cinco de las siete corresponsalías que abastecían de contenido informativo a TPA Noticias dejaron de prestar ayer su servicio” y añade que, según la dirección de la cadena, “ha sido legalmente imposible prorrogar los contratos”.

¿Por qué la opinión pública no está informada?

Manuel González Orviz, coordinador general de IU Asturias, cree que los medios de comunicación “ya no son el cuarto poder, ni siquiera un control del poder”, sino que son “empresas que están al servicio de los intereses económicos de los grupos a los que representan. Lógicamente se silencia, no solamente lo que pasa en la televisión asturiana, sino lo que ocurre en el conjunto de los medios, por ejemplo, cuando se cierra un periódico como fue el caso de Público y La Voz de Asturias. Cuando hay un conflicto muy importante, aparece en las redes sociales pero, generalmente, incluso los medios que se disputan nichos de mercado muy diferentes tratan de no se hacerse daño.”

Según Juan Vega, la opinión pública no está informada sobre lo que ocurre en RTPA “porque hay un periódico que se llama La Nueva España, que tiene un importante contrato con TPA a través de la empresa Asturmedia, y porque no hay un medio de comunicación en Asturias que no obtenga rentas de RTPA. Por lo tanto se silencia todo lo que tenga que ver con la radio televisión autonómica.”

Para Vega, esto es “la demostración palpable de que los informativos de la TPA están siendo manipulados por gente que trabaja directamente con intereses de partido, a través de una casta privilegiada que recibe un sobresueldo de mil euros al mes por opinar lo que les dicen que tienen que opinar.”

RTPA: Los afectados por cesiones ilegales denuncian un ERE encubierto

Cincuenta personas, entre ellas los miembros de la Plataforma de Afectados por Cesiones Ilegales (PAC), se han concentrado este mediodía en la puerta de la Radio Televisión del Principado de Asturias, en Gijón, armados con cacerolas, cucharas, silbatos y petardos. Mucho ruido y una consigna muy clara: “despedidos readmisión, directivos a prisión”. El día elegido no es casual: esta semana han llegado las primeras cartas de despido a algunos de los trabajadores readmitidos hace meses tras varias sentencias judiciales que reconocían la existencia de cesión ilegal de trabajadores.

Protesta en la sede de RTPA. Imagen de Diagonal Asturias

Protesta en la sede de RTPA. Imagen de Diagonal Asturias

La PAC denuncia un ERE encubierto en RTPA

La PAC sostiene que, tras la reciente declaración de varios despidos improcedentes por parte del TSJA, los directivos de la empresa han aprovechado para dar luz verde a un ERE encubierto, apostando por despidos e indemnizaciones en lugar de readmitir a los trabajadores afectados.

Esto supondría el pago de unos 200.000 euros en indemnizaciones, algo que la PAC considera aún más grave cuando “la negligencia en la gestión de la empresa ha provocado un importante déficit económico que está implicando impagos a empresas subcontratadas y a proveedores, más la consiguiente reducción de contenidos en la programación de la cadena”.

Imagen de Diagonal Asturias

Imagen de Diagonal Asturias

¿Caso RTPA?

Los miembros de la plataforma sostienen que se trata de “el mayor caso de fraude laboral en la historia de la administración pública asturiana”. Un modelo de gestión que no es reciente, aseguran, sino que se lleva aplicando desde el comienzo de la actividad de RTPA en 2006 bajo el gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces. ¿Cómo? Externalizando puestos estructurales y trasvasando así a manos privadas los fondos públicos presupuestados para el funcionamiento de la empresa.

Las primeras denuncias llegaron en 2010 y hasta el momento RTPA ha perdido más de medio centenar de juicios y los correspondientes recursos, reconociéndose en los juzgados de lo Social de Gijón y en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias unos cuarenta casos de cesión ilegal de trabajadores y más de una veintena de despidos en fraude de ley.

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Uno de los carteles, durante la protesta en RTPA. Imagen de Diagonal Asturies

¿Falta de transparencia?

Los afectados acusan al Principado de encubrir estos hechos, manteniendo en sus puestos a los directivos implicados y permitiendo así que continúen las irregularidades y el fraude. Además, aseguran que la situación es conocida e ignorada no solo por el Gobierno sino también por todos los grupos de la Junta General del Principado, los sindicatos y Consejo de Administración de RTPA, amén de una repercusión nula en la prensa mayoritaria de la región.

Denuncian que hasta la fecha ningún gobierno (ni FAC ni PSOE) ha depurado ninguna responsabilidad a pesar de ser conocedores de la situación, por lo que les consideran cómplices de la misma. E insisten en que estas irregularidades han costado hasta el momento a los asturianos millones de euros.

Los miembros de la PAC volverán a concentrarse el próximo lunes a las 16:30 en la sede de RTPA para exigir el cese de los directivos al nuevo Consejo de Administración.